Justificación


Si bien es cierto que en los últimos años se han producido importantes avances en términos de universalizar el acceso a la educación básica; de propiciar la inserción a la comunidad; de ampliación en las oportunidades laborales, etc., también es cierto que hoy en día persisten prejuicios sociales muy significativos en relación a la niñez y juventud en situación de vulnerabilidad social, que las mantiene excluidas del sistema educativo regular. Existen en nuestra sociedad factores internos que evidencian la incapacidad para atender y dar respuesta a las necesidades educativas específicas emanadas de la diversidad del alumnado que asiste a la escuela regular, y traducidos en una amplia gama de estilos aprendizaje.


Es claro que la población que no responde a los criterios de uniformidad e igualdad socialmente derivados de una cultura homogeneizadora sustentada equívocamente en los conceptos de normalidad-anormalidad, enfrenta una exclusión que merece ser atendida en profundidad y con urgencia por todos, en un compromiso social dirigido a la Construcción de una Cultura desestigmatizadora de las diferencias individuales y que hace necesario impulsar acciones dirigidas a la consolidación de una educación inclusiva y de respeto por las diferencias para todos y todas, tomando en cuenta que la educación “…es un derecho fundamental que ofrece posibilidades y contribuye a abrir la puerta para la satisfacción de otros derechos; propicia que sean asumidos como sujetos de derechos con autodeterminación...”.[1]


El ocho de junio de 1999, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quezada, informó que “…el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, debidamente autorizado para tal efecto, firmó ad referéndum la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, suscrita en la ciudad de Guatemala, el siete de junio del propio año…”[2]. En la mencionada convención se asumió como discriminación contra las personas con discapacidad a “toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales”. Uno de los compromisos asumidos fue el de llevar a cabo la sensibilización de la población, a través de campañas de educación encaminadas a eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes que atentan contra el derecho de las personas a ser iguales.


Por otra parte, El Pronunciamiento latinoamericano sobre “Educación para todos”, con oportunidad del Foro Mundial de la Educación, (Dakar, 26-28 abril, 2000), invita a reflexionar sobre la necesidad de evaluar y rectificar los compromisos educativos, así como a recuperar e impulsar iniciativas en todo el mundo, particularmente en América Latina.


Dicho pronunciamiento refiere una preocupación por el rumbo de la educación del mundo cuyos indicadores “…muestran resultados pobres, por debajo de lo esperado y de lo deseable…”.[3]


A continuación se presenta un fragmento del documento:

… Igual que otras regiones del mundo en desarrollo, América Latina ha visto desfilar una larga lista de pronunciamientos y declaraciones, de compromisos y metas que se reiteran, incumplen y postergan cíclicamente. A menudo, los planes se superponen unos a otros, sin solución de continuidad, o bien se manejan de manera paralela, sin coordinación entre sí.

· En 1979 (Declaración de México) se aprobó y en 1981 (Quito) arrancó el "Proyecto Principal de Educación" (PPE), proyecto regional impulsado y coordinado por la oficina regional de la UNESCO, el cual se propuso tres metas para el año 2000: acceso universal a la escuela primaria, eliminación del analfabetismo adulto y mejoría de la calidad y la eficiencia de la educación.


· Posteriormente, en 1990, en Jomtien, se acordó la "Educación para Todos", en la conferencia mundial organizada por UNESCO, UNICEF, PNUD, FNUAD y Banco Mundial, a la que asistieron delegaciones de 155 gobiernos y de entidades de la sociedad civil de todo el mundo. Allí se acordaron seis metas, parcialmente coincidentes con las del PPE en esta región, fijándose también el año 2000 como plazo para su cumplimiento.


· Cuatro años más tarde, en 1994, se realizaba la Cumbre de Miami, convocada por el presidente norteamericano Clinton. Aquí se lanzó el "Plan de Acceso Universal a la Educación para el 2010", ratificado después como "Iniciativa de Educación" en la II Cumbre, en Santiago, en 1998. Esta iniciativa, de alcance hemisférico, adoptó metas para los tres niveles educativos, incluido el universitario, y fijó el año 2010 como horizonte. La iniciativa es liderada por el gobierno estadounidense, coordinada por los gobiernos de México, Argentina y Chile, y cuenta con la participación de diversos organismos internacionales, regionales y nacionales (entre los principales: OEA, Banco Mundial, BID, y USAID).

Ahora, el Foro Mundial en Dakar, al constatar que no se cumplieron las metas de la Educación para Todos en el plazo estipulado, ratificará en lo fundamental las mismas metas, renovará los compromisos y correrá el plazo hasta el 2015…[4]

Entre las rectificaciones que se consideran necesarias para abatir la falta de oportunidades educativas para todos, sobresalen: la necesidad de que las políticas que norman el desarrollo educativo se inspiren por valores humanos fundamentales, de modo que el servicio educativo contribuya a la mejor realización de las personas y de las sociedades; que las decisiones políticas amparadas en el plano ético sean concebidas no sólo como piezas al servicio de la economía, del consumo o del progreso material, sino como medios que deben ayudar al desarrollo en plenitud de las potencialidades humanas; que sociedad y Gobierno destinen los recursos y los esfuerzos necesarios para igualar e incrementar la calidad de los servicios ofrecidos a los sectores pobres en el campo y la ciudad, a los sectores indígenas y en general a todos los excluidos de los beneficios de la educación básica; que el concepto de calidad educativa, se reconozca la necesidad de diversificar la oferta educativa asegurando el respeto y el fortalecimiento de las diferentes culturas, de tal forma que Gobiernos y sociedades impidan la diversificación de los servicios de educación caracterizada por una oferta empobrecida destinada a los grupos culturales minoritarios, exigiendo niveles adecuados de calidad del servicio y sus resultados; recuperar los planteamientos originales de la Educación para Todos capaz de satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje de niños, jóvenes y adultos, dentro y fuera del sistema escolar (familia, comunidad, lugar de trabajo, bibliotecas y centros culturales, medios de comunicación, acceso a las modernas tecnologías, etc.) y a lo largo de toda la vida.

Ante la urgencia de que la sociedad preste atención a la población en condiciones de desventaja, en particular aquella que padece de discapacidad física o mental, el XII Censo General de Población y Vivienda, para el año 2000, en México, reporta haber iniciado la práctica de incluir preguntas acerca de este segmento de la población, que permita contar con información que favorezca su tratamiento, rehabilitación e incorporación más plena a la vida social, cultural y económica del país.

“…Así, sabemos que en México hay 2.2 millones de personas con algún tipo de discapacidad física o mental, o con un problema de salud de largo plazo, que les impide realizar con plenitud algunas actividades que llevarían a cabo en condiciones normales. Este volumen representa 2.3% de la población total del país.


De la población con discapacidad, 44.9% presenta limitaciones relacionadas con sus brazos o piernas, 28.6% es invidente o sólo percibe sombras, 16.5% es sorda o escucha con ayuda de un aparato, 14.6% tiene algún retraso o deficiencia mental, 4.5% es muda, y el restante0.7% presenta otra clase de discapacidad.


Las causas de la discapacidad son variadas. En un 31.6% adquirió esta condición derivada de alguna enfermedad, 22.7% como consecuencia de problemas relacionados con la edad avanzada, 19.4% nació con ella, 17.7% como resultado de algún accidente y 1.9% debido a otras causas.
La proporción de población discapacitada en cada una de las entidades federativas no parece tener un patrón relacionado con sus condiciones sociales o culturales, ni con regiones específicas del país. De las entidades que tienen un mayor porcentaje de discapacitados respecto al total de su población, tres se encuentran en el sureste: Yucatán con 3.4%, Tabasco y Campeche con 3.1% cada una, y dos en el litoral del pacífico: Colima y Nayarit con poco más de 3% cada una.


En términos absolutos, son las entidades más pobladas y que se encuentran en el centro del país las que registran un mayor número de población residente discapacitada: Estado de México, Distrito Federal, Veracruz y Jalisco con un total de 764 mil discapacitados, volumen que supera a la población total de entidades como Colima, Baja California Sur y Campeche, consideradas de manera individual…”[5]


Con lo anterior se soslaya la responsabilidad de los Gobiernos y de las sociedades de dirigir acciones que garanticen una educación de calidad inclusiva para el 2015, responsabilidad que ha de traducirse en compromisos sociales con metas claras y precisas que orienten el desarrollo de actividades dirigidas a la consolidación de una cultura incluyente y de una escuela que valore y responda a la diversidad humana.

La Red de Integración Educativa y Educación Inclusiva de la Universidad Pedagógica Nacional, en México, desde su fundación, en el año 2003, se ha propuesto coadyuvar en esa responsabilidad social e impulsar actividades orientadas a la promoción y difusión de una Escuela abierta a la heterogeneidad, impulsando para ello el Primer Foro Nacional en México, “Educar en la diversidad”. Este compromiso habrá de concretarse en la creación de espacios de análisis, reflexión, información y difusión del Modelo de la Escuela Inclusiva, hacia donde se han orientado los encuentros regionales previos en las Ciudades de Chihuahua, Chih., San Luis Potosí, S.L.P., Puebla, Pue., México, D.F., Chilpancingo, Gro.,y Poza Rica, Ver.

Tanto con los encuentros regionales, como el Foro Nacional a realizarse en la Ciudad de Durango, Dgo., los días 16, 17 y 18 de noviembre de 2006, se ha pretendido construir espacios para dar cabida a las instancias inmersas en la atención a la diversidad que permitan sumar esfuerzos en un diálogo incluyente dirigido a formar redes interinstitucionales en pro de la Educación inclusiva.

[1] S.E.P. Programa Nacional de Fortalecimiento de la educación especial y la integración educativa, 2002.

[2] MARTÍNEZ González, Paloma. CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SUSCRITA EN GUATEMALA, 1999. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Publicado por la Revista de Derecho Privado, nueva época, año 1, núm. 3, septiembre-diciembre de 2002, pp. 115-121.

[3] (10 y 11) En abril 2000 se realizó en Dakar, Senegal, el Foro Mundial de la Educación, cuyo objetivo fue evaluar lo avanzado en las seis metas de Educación para Todos acordados una década antes, en Jomtien, Tailandia. América Latina se hizo presente en dicho Foro con un pronunciamiento crítico y propositivo, redactado por un grupo de educadores e investigadores latinoamericanos -Pablo Latapí (México), Sylvia Schmelkes (México) y Rosa María Torres (Ecuador/Argentina)- y firmado por más de 200 personalidades del mundo de la educación y la cultura. Desde entonces, el documento ha sido ampliamente difundido, traducido a varias lenguas y firmado por más de 4 mil personas y organizaciones de todo el mundo. Documento disponible en la página Web del Instituto FRONESIS, Pedagogía, Comunicación y Sociedad (http://www.fronesis.org/prolat.htm).

[4] Ídem.
[5] INEGI. Estados Unidos Mexicanos. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.